PRIMER GOLPE: Operación Enjambre Contra Maru Campos

¿Cómo entró la operación enjambre en Chihuahua? Ha sido la propia gobernadora Maru Campos quien reveló el primer golpe, el inicio de las investigaciones en contra de sus propios funcionarios. ¿Quién invitó a los agentes estadounidenses? ¿Quién los disfrazó como policías para infiltrarlos en el desmantelamiento de narcolaboratorios? En este video conocerás todos los detalles revelados de la nueva operación enjambre. Ha sido dada a conocer con otro nombre, sin embargo, fue creado tras una reunión a puerta cerrada con Omar García Harfuch. Tiene como objetivo investigar al propio gobierno de Maru Campos y, además, promete resultados para las próximas horas. A la par, la gobernadora

ha confesado públicamente que guardará silencio, mientras las investigaciones la acechan y a sus funcionarios más cercanos. Quiero empezar destacando algo. Mientras las investigaciones avanzan en contra de funcionarios del gobierno de Chihuahua, la panista Maru Campos y su administración no dirán absolutamente nada. Es decir, las indagatorias son una realidad, pero lo que caracterizará al gobierno panista será el silencio y sabremos todo una vez que hayan terminado.

Mi gobierno no hará ningún pronunciamiento sobre el curso de las investigaciones. Quiero

agradecerles su comprensión al respecto.

El operativo que ha comenzado a investigar al gobierno de Chihuahua fue anunciada este 24 de abril. Sin embargo, en realidad comenzó un día antes, en la Ciudad de México, en las oficinas de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Ese día, a puerta cerrada, el funcionario federal recibió a la gobernadora de Chihuahua La reunión fue a puerta cerrada, duró una hora y no hubo ni un solo pronunciamiento, ni antes ni después de la encerrona. Cerca del mediodía, la gobernadora salió del complejo en un convoy de tres camionetas blancas sin emitir declaraciones. Seguramente ya lo sabes, la polémica gira en torno a un operativo en el que fueron desmantelados seis laboratorios vinculados al cártel de Sinaloa. Tras el despliegue, un accidente

en la Sierra Tarahumara dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Fiscalía Estatal. Este hecho puso en evidencia la intervención de personal extranjero en ese operativo y provocó inconformidad del gobierno federal. El motivo? Los estadounidenses fallecidos y otros dos más habrían participado en el desmantelamiento de los narcolaboratorios sin autorización del gobierno federal. Es por eso que ocurrió la reunión entre Omar García Harfuch y Maru Campos, además de que fue la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que ya había intentado comunicarse con la gobernadora personalmente, pero no la había

localizado. A la reunión acudieron también el fiscal general de Chihuahua, César Jauregui, y el secretario de Seguridad Estatal, Gilberto Loya, además de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la dependencia encargada de registrar la entrada de agentes extranjeros al país. La participación del fiscal estatal fue relevante porque sobre él recaen acusaciones de modificación de versiones sobre lo ocurrido en el operativo. Primero porque fue él quien reveló que el accidente automovilístico ocurrió después del operativo y después porque aseguró que los agentes estadounidenses no habían tenido operaciones

por tierra.

Y fallecieron también, desafortunadamente, el elemento, dos oficiales instructores de la embajada de los Estados Unidos. Jamás informó de que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del narco laboratorio, quizás de los más grandes que se habían localizado.

De la reunión privada no trascendió absolutamente nada, salvo lo que dijo la presidenta de México al día siguiente, este 24 de abril. Desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que el secretario de Seguridad solicitó información detallada sobre la presencia de los agentes de Estados Unidos y las condiciones en las que participaron en los operativos. Según lo expuesto, pidió a las autoridades estatales explicar los procedimientos seguidos, ya que se cree que no se cumplió con los lineamientos legales para la colaboración con gobiernos extranjeros. Por su parte, autoridades estatales reconocieron la colaboración con agencias estadounidenses en acciones contra laboratorios clandestinos, aunque sin haber informado previamente al

gobierno federal.

Le pidió información a la gobernadora y

quedó de dar la información y de parteril. Muy de mañana el gobierno federal emitió este comunicado en el que confirmó que ninguno de los dos agentes estadounidenses que murieron en el accidente contaba con autorización para realizar actividades operativas en territorio mexicano. El Gabinete de Seguridad precisó que según los registros migratorios disponibles, uno de los dos extranjeros ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático. Sin embargo, ninguno contaba con acreditación formal para participar en operaciones dentro

del país. De tal forma que el gobierno federal reiteró que no tenía conocimiento de la presencia de agentes extranjeros que estuvieran operando o que participarían físicamente en acciones dentro del territorio nacional. Sobre los otros dos presuntos agentes que también participaron y que no fallecieron en el accidente, pero que su participación fue revelada por el diario Los Ángeles Time, el comunicado del gobierno federal no emitió pronunciamiento alguno. Lo que sí es que reiteró que la legislación mexicana es clara y no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones en México.

Es ahí en donde entra la operación Enjambre, o como le han llamado, Unidad Especializada en Investigar lo ocurrido en el operativo. El Gobierno de México precisó que ya se están realizando revisiones en coordinación con autoridades tanto del Estado de Chihuahua como con la Embajada de Estados Unidos en México.

Como saben, ayer tuve una reunión con el operativo de la semana pasada que llevó el desmantelamiento

de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país.

Fue este 24 de abril que en el estado de Chihuahua la gobernadora anunció la creación de una unidad especializada para investigar el operativo antinarco, tras el cual fallecieron los dos agentes estadounidenses y los dos mexicanos. Debo ser claro, el anuncio lo hizo la propia Maru Campos sobre la investigación en el actuar de su propio gobierno. Sin embargo, esta acción deriva de la reunión que sostuvo Conomar García-Jarfuch, en agenda de trabajo en materia de seguridad nacional y soberanía. Como resultado, Maru Campos instruyó la conformación inmediata de un grupo especializado que concentrará e integrará todas las carpetas de investigación relacionadas con el caso. La unidad de investigación está encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, actual

titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia. Fue ahí donde la mandataria aseguró que, durante las investigaciones en el actuar de su propio gobierno, no emitirá más pronunciamientos públicos sobre el tema, pues aseguró que será la encargada de las indagatorias quien informe sobre los avances conforme avance el proceso. De tal forma que será en voz de Wendy Chávez de quien escucharemos avances sobre este problema marcado por irregularidades en su ejecución y por la participación de El problema para Maru Campos no ha acabado allí. En estos momentos tiene una cita abierta en la Cámara de Senadores para que explique con detalle cómo fue el operativo y cómo

fue también la participación de los agentes. A la par, el Senado de la República anunció que analizará si hubo una violación a la ley. Esto ha sido confirmado por el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, el que confirmó que los agentes extranjeros que fallecieron en el accidente tras el operativo no contaban con su autorización para participar en actividades operativas en territorio mexicano. Es por ello que el morenista señaló que la legislación en materia de seguridad nacional no admite interpretaciones cuando se trata de la soberanía del país. Lo cierto es que se trata solamente de una invitación de carácter no obligatorio.

Caso contrario ocurrió en el Congreso del Estado de Chihuahua. Este 24 de abril, diputados de Morena pidieron la comparecencia de la gobernadora ante el poder legislativo. Sin embargo, diputados del PRI y del PAN frenaron la propuesta con 17 votos en contra. Desde el Senado, la legisladora con licencia Andrea Chávez acusó a la oposición de proteger a la mandataria para evitar que rinda explicaciones ante la ciudadanía en medio de la controversia. Con la votación en contra de la mayoría integrada por PRI y PAN, los legisladores morenistas protestaron en el recinto legislativo. En el operativo en el que fueron desmantelados los narcolaboratorios en Chihuahua, tienen

algo en común con el operativo en el que cayó Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, quien fuera líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, la CIA participó también en el operativo hecho el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, sin embargo lo hizo con una gran diferencia. En Jalisco sí lo realizó con autorización del gobierno federal y no operó en Chihuahua pertenecían a una unidad conocida como ADO, la cual está adscrita a una oficina operativa dentro del consulado de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León. Señaló que esta misma unidad participó en la localización del Mencho en el complejo de cabañas de Tapalpa. Según el reporte,

la unidad estadounidense utilizó drones para ubicar la última residencia de Oseguera Cervantes y comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional para compartir la información sobre su ubicación. Fue hasta entonces que empezó el operativo. El periodista aseguró que una fuente le confirmó que durante el operativo en Tapalpa sí existió comunicación constante entre autoridades mexicanas y estadounidenses, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, señala que la dinámica fue muy distinta a la de Chihuahua. En el municipio de Morelos, donde fue localizado uno de los narcolaboratorios más grandes del país, la participación de los agentes no fue informada a las autoridades federales. Según consideró, la decisión la tomó el gobierno de Chihuahua por falta de confianza. Detalló que en Chihuahua los agentes se encargaron

de guiar a elementos de la agencia estatal de investigación hasta el punto donde se encontraba el laboratorio clandestino, debido a que las autoridades locales no lograban ubicarlo por sus propios medios. Al momento en que han iniciado en Chihuahua en contra del gobierno de Maru Campos para revisar el polémico operativo deriva de la reunión que sostuvo la gobernadora Conomar García-Jarfuch, a quien se le atribuye la aplicación de la operación enjambre en al menos 10 estados del país. Esta operación enjambre nació en el Estado de México para detener a servidores públicos ligados

a la delincuencia organizada. Sin embargo, ha sido su éxito tan mediático que fue replicado en varios puntos del país. Actualmente tan solo en el Estado de México, el lugar de origen, que en conjunto superan los mil años de prisión. La operación en Hambre nació tras el hallazgo de restos humanos en pozos del municipio de Nicolás Romero en abril del 2024. A partir de ese hallazgo, las investigaciones apuntaron a funcionarios municipales acusados de homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hasta el momento se han obtenido 20 sentencias condenatorias contra objetivos considerados prioritarios.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de Adrián Mauricio Sánchez, ex comisario de años de prisión por homicidio y a 150 más por secuestro exprés con fines de robo y extorsión. En el mismo municipio nueve policías recibieron condenas que van de los 46 a los 42 años de prisión por su responsabilidad en un homicidio calificado y secuestro. Otro caso es el de Marialena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, quien fue sentenciada a 60 años de por homicidio en agravio de integrantes de su propia administración. También fueron condenados cuatro exdirectores de seguridad pública en distintos municipios, en Tlatlaya por secuestro exprés con fines de robo, en Coatepec, Arinas por extorsión, en Acambay por desaparición forzada y extorsión y en Aucalpan también por extorsión. A estos casos se suman sentencias condenatorias municipios como Tonatico, Santo Tomás y Ecatepec. La operación Enjambre no ha quedado a cargo exclusivamente de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana, sino que también han participado la Fiscalía y Secretaría de Seguridad Estatal, la Sedena, la Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Hasta ahora, tan solo en el Estado de México, el saldo es de 20 sentencias condenatorias que en conjunto representan 1.146 años de prisión. Otro de los alcances de la operación de enjambre más relevantes ocurrió en Manzanillo, Colima, donde fueron detenidos ocho elementos en activo de la policía municipal, quienes ya

fueron vinculados a proceso por presuntos nexos con el crimen organizado. Tras su arresto, la Fiscalía General del Estado informó que los agentes estaban siendo investigados por presuntamente compartir información operativa de seguridad a un grupo delictivo que opera en ese municipio. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 2 y el 19 de diciembre.íacas y fuerzas militares, así como detalles relacionados con actividades de seguridad pública y hechos delictivos. Han detenido algunos elementos de la policía municipal,

a quienes se les acusa de cometer diversos delitos aquí en Manzanillo.

Las autoridades señalaron que la información relacionada con instituciones de seguridad pública, así como con áreas de procuración e impartición de justicia y del sistema penitenciario. De tal forma que un juez determinó la vinculación a proceso de los elementos y ordenó prisión preventiva justificada, además de que fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Los trabajos no solo se han enfocado en los gobiernos estatales o municipales. Apenas este 23 de abril, la Secretaría a cargo de Omar García Jarfuch informó que endureció

los controles sobre su personal de investigación. La dependencia formalizó un nuevo sistema que obliga a los agentes de investigación e inteligencia a someterse a evaluaciones permanentes para poder ingresar, mantenerse y ascender dentro de la corporación. El reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y firmado por Omar García Harfouch. De tal forma que a partir de ahora, los elementos deberán acredar de forma periódica controles de confianza, revisiones patrimoniales, certificaciones y evaluaciones de desempeño. El incumplimiento de estos requisitos podrá derivar en la separación del cargo. De acuerdo con la nueva orden, los agentes también deberán comprobar que no han sido condenados por delitos dolosos, así como mantener

un perfil físico, médico y psicológico apto para sus funciones. Además, estarán sujetos a pruebas para detectar consumo de sustancias. Con este esquema, la Secretaría formaliza un servicio profesional de carrera que convierte los filtros en un mecanismo permanente, no solamente de ingresos sino también de permanencia y promoción dentro de la institución. De manera paralela se establece una ruta obligatoria de conformación y ascenso con una carrera que puede extenderse hasta 30 años y una estructura jerárquica específica para el personal de inteligencia. Las promociones quedarán condicionadas a los resultados en evaluaciones, capacitación y desempeño. El acuerdo entró en vigor este 25 de abril.

Otra medida implementada por el autor de la operación en Jamre es la creación de una escuela especializada para la formación de mandos en materia de seguridad pública. El proyecto será implementado dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública y estará enfocado en preparar a quienes ocuparán cargos de alto nivel en corporaciones del país. El anuncio fue realizado por el propio secretario, quien explicó que esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y tiene como objetivo profesionalizar las instituciones, así como fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de

gobierno. Según informó, esta escuela estará dirigida a funcionarios que actualmente desempeñan funciones de conducción, así como a quienes asumirán responsabilidades operativas y estratégicas en el futuro. Entre los perfiles contemplados se encuentran secretarios de seguridad pública, subsecretarios y mandos en áreas como operación policiaca, investigación, inteligencia y proximidad social. El programa estará dirigido para mandos de todos los niveles, es decir, de corporaciones estatales y municipales. Según lo señalado por García Harfuch, uno de los objetivos centrales es unificar criterios y conocimientos entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el

Centro Nacional de Inteligencia. La finalidad, fortalecer las capacidades de conducción mejorar la planeación estratégica y optimizar la toma de decisiones en campo. En una primera etapa, la escuela contará con la participación de elementos pertenecientes a corporaciones federales. Sin embargo, se prevé que en fases posteriores el modelo se extienda a policías estatales y fiscalías locales, ampliando así su alcance a nivel nacional. De concretarse por primera vez en la historia del país, habrá un esquema estructurado que la formación y los conocimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, nacional. De concretarse por primera vez en la historia del país, habrá un esquema estructurado que la formación y los conocimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina,

la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.